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Las 72 horas transcurridas desde un referéndum que ha cambiado para siempre la naturaleza del proyecto comunitario se han llevado por delante a la clase dirigente británica, han impuesto un preocupante signo de interrogación sobre las perspectivas económicas de la quinta potencia mundial y, sobre todo, han evidenciado la ausencia de una hoja de ruta por parte de quienes hasta el jueves prometían un futuro de prosperidad si el Reino Unido rompía con Bruselas.
La materialización del escenario más temido por el establishment, los mercados y, sobre todo, por unos líderes europeos que exigen a Londres una salida diligente, ofrece pocas pistas acerca del nuevo encaje de la segunda economía europea en el continente. Los interrogantes nunca resueltos en la campaña continúan dominando el panorama británico como un infausto recordatorio de la incapacidad de la clase política de establecer un diálogo abierto con un electorado que, ante la confusión, se lanzó al vacío del territorio desconocido.

Las consecuencias de su decisión han revelado el grado de desconexión de los grandes partidos, que en lugar de atender a una Europa que demanda rapidez, o de analizar qué condujo a la derrota de una opción, la de la permanencia en la UE, apoyada mayoritariamente por los poderes fácticos, se han enfrascado en luchas internas por el control del organigrama político.

De momento, los partidarios del Brexit, además de comenzar a cuestionar sus propias promesas de las últimas semanas, como que la ruptura permitiría controlar la inmigración, o que las partidas que hasta ahora se destinaban a Bruselas irían íntegramente a la Sanidad, se han dedicado a repartirse la pieza más codiciada del plebiscito: el liderazgo conservador.

La decisión de David Cameron de retrasar la negociación del divorcio hasta la elección de su sucesor ha sido aprovechada por sus rivales para ganar tiempo para hacerse con el control de un partido profundamente dividido entre quienes consideran que su nuevo cabecilla debería proceder del frente vencedor, lo que dispara las posibilidades del más astuto de los defensores de la salida, Bori Jonhson; y quienes están resueltos a detener el ascenso de un ex alcalde de Londres criticado por utilizar una consulta histórica como plataforma para sus aspiraciones sucesorias.

Su reto más inmediato, antes incluso de asumir la complicada negociación de salida de la UE, será resolver el complicado debate de convocar o no generales para dar legitimidad a su ocupación del Número 10 y evitar así el error táctico cometido en 2007 por Gordon Brown, cuando tomó de Tony Blair las llaves de la residencia oficial sin consultar a los electores.

Como consecuencia, mientras la UE reclama a Londres sentido institucional para contener la hemorragia provocada por la Brexit en el corazón mismo del proyecto comunitario, los principales partidos británicos han respondido enzarzados en luchas cainitas, que no hacen más que aumentar la confusión ante el primer experimento de amputación de un estado miembro.

 

El ejercicio de autocomplacencia de la clase política de Reino Unido incrementa los riesgos de la inestabilidad que el resultado del referéndum ha desencadenado, como este mismo fin de semana se encargó de recordar Moody?s. La agencia de calificación ha rebajado su evaluación de la perspectiva británica de estable a negativa, como consecuencia del «prolongado período de incertidumbre» que pronostica ante una era sobre la que las principales incógnitas permanecen por aclarar, desde la continuidad británica en el mercado común, a las expectativas en materia de control de la inmigración. Por si fuera poco, un plebiscito originado en primera instancia por la porfía que Bruselas generaba entre los conservadores ha acabado desencadenando una profunda brecha en la sociedad británica, que no sólo se encuentra letalmente dividida, sino que se enfrenta a un sector creciente que se resiste a aceptar el veredicto de las urnas.

Como consecuencia, el apoyo a una petición parlamentaria que plantea una segunda votación se cuenta ya por millones, rompiendo todos los récords de una Cámara de los Comunes que fija en 100.000 el número de firmas necesarias para que una propuesta sea debatida.

De hecho, pese a las advertencias iniciales de la UE, que había mantenido que no habría una segunda oportunidad, la idea de un nuevo plebiscito ha sido amparada ya por diferentes dirigentes políticos y los propios liberal-demócratas, socios minoritarios de los tories en la coalición que gobernó hasta el pasado año, han anunciado que lo incluirán en su programa, si finalmente hay un adelanto electoral.

La fractura en la calle, además, encuentra su reflejo en el orden territorial, puesto que Escocia, que votó unánimemente por la permanencia, ha activado ya los mecanismos para evitar que una decisión catalizada por Inglaterra y Gales fuerce a su ciudadanía a la salida de Europa. El Gobierno decidió ya el sábado iniciar «discusiones inmediatas» con Bruselas para proteger su vínculo comunitario y, crucialmente, inaugurar los trabajos para que una segunda consulta de independencia sea «realizable», transcurridos menos de dos años de una primera votación que, en parte, había rechazado la secesión para evitar la salida de la UE.

Entre las opciones que maneja se encuentra la posibilidad de vetar el Brexit para el conjunto de Reino Unido, según avanzó la ministra principal, Nicola Sturgeon, que asumió que Londres debería recabar el «consentimiento legal» de Edimburgo. Los expertos han dudado ya de que Escocia cuente con autoridad para un procedimiento que desencadenaría, además, una crisis constitucional mayor incluso de la que plantea el actual galimatías escocés. No en vano, las implicaciones supondrían que una minoría de la población británica impondría su voluntad sobre la decisión mayoritaria de quienes el pasado jueves decidieron que la sociedad con Bruselas no tiene cabida en el Reino Unido del siglo XXI.

 

 

fuente: eleconomista.es