- La justicia impide a May iniciar la salida de la UE de manera unilateral
- El Gobierno no tendrá que consultar a los Parlamentos autonómicos
El Tribunal Supremo británico ha dictaminado este martes que la activación del decisivo artículo 50 del Tratado de Lisboa, que iniciará el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea -el conocido como Brexit-, deberá ser autorizado por el Parlamento, obligando a la primera ministra británica, Theresa May, a someter a votación la resolución final.
Por ocho votos a tres, los magistrados han decretado que el Parlamento tiene que dar la autorización para que se pueda iniciar el proceso formal de Brexit, después de que los británicos votaran a favor de salir de la UE en el referéndum del 23 de junio.
De este modo, los jueces rechazan la posición del Gobierno de Theresa May, que pretendía utilizar la denominada «prerrogativa real» para emprender el Brexit de manera unilateral, sin pasar por las cámaras legislativas.
Además, el Supremo ha determinado que el Gobierno no tendrá que consultar a los Parlamentos autonómicos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte para iniciar el Brexit. La resolución explica que las leyes de devolución votadas por el Parlamento de Westminster fueron aprobadas en el supuesto de que Reino Unido sería miembro de la UE, pero no requieren que se mantenga como tal.
«Las relaciones con la UE y otras cuestiones sobre asuntos de exteriores están reservadas al Gobierno y al Parlamento del Reino Unido, no a las instituciones descentralizadas. La retirada de la UE alterará la competencia de las instituciones descentralizadas y eliminará las responsabilidades de cumplir con la legislación de la UE», apunta el comunicado de prensa del Supremo.
El Gobierno de Theresa May había apelado a la máxima instancia judicial británica después de que el Tribunal Superior de Londres respaldara el recurso formulado por la inversora Gina Miller y respaldado entre otros por el Gobierno escocés de que antes de iniciar el proceso de divorcio con la UE era necesaria la aprobación del Parlamento, puesto que la salida supondría privar a los ciudadanos de derechos que les fueron concedidos por los parlamentarios.
A las puertas del Supremo, el fiscal general, Jeremy Wright, ha reconocido que el Gobierno se encuentra «decepcionado» por el fallo del tribunal. «Pero vivimos en un país en el que todos, incluido el Gobierno, estamos bajo el imperio de la ley», ha defendido, y ha añadido que el Ejecutivo «cumplirá» la sentencia. Pero la Justicia, ha advertido Wright, no se ha pronunciado sobre la salida de Reino Unido de la UE, algo que «los ciudadanos ya decidieron en referéndum».
May mantiene su plan
Reino Unido iniciará el proceso para salir de la Unión Europea para finales de marzo, como tenía previsto, pese al fallo del Tribunal Supremo que exige al Gobierno contar con la autorización parlamentaria previa, ha indicado un portavoz de la primera ministra, Theresa May.
«Los británicos votaron a favor de salir de la UE y el Gobierno cumplirá con el veredicto, activando el Artículo 50, como estaba previsto, para finales de marzo. El veredicto de hoy no cambia en nada eso», ha asegurado el portavoz del Gobierno británico. «Respetamos la decisión del Tribunal Supremo y fijaremos los próximos pasos con el Parlamento en breve», ha añadido el portavoz de May, según informa Reuters.
El Ejecutivo ya indicó que, de perder el fallo, enviaría al Parlamento una Ley con un texto muy breve para que sea aprobada rápidamente por las Cámaras de los Comunes y los Lores. La Ley, de apenas un párrafo, simplemente dirá que se otorga permiso a la primera ministra para activar el artículo 50 del Tratado Europeo.
Cabe recordar que la primera ministra británica señaló que comunicará a Bruselas la decisión del Reino Unido de salir de la UE antes de finales del próximo marzo, por lo que el país puede estar fuera del bloque en la primavera de 2019.
La «premier» ya desveló las líneas principales de sus futuras negociación con Bruselas y confirmó su intención de sacar al Reino Unido del mercado único europeo para que el país no esté sujeto a la legislación comunitaria y poder controlar la inmigración.
Reacción de la oposición
Por su parte, el líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, ha señalado que su formación no obstaculizará el inicio del proceso de negociación. «Los laboristas respetan el resultado del referéndum y la voluntad de los británicos y no frustraremos el proceso de invocar el Artículo 50», ha afirmado.
No obstante, ha aclarado que su partido tratará de enmendar la ley para la activación del Artículo 50 «para evitar que los conservadores usen el Brexit para convertir a Reino Unido en un paraíso fiscal barato frente a la costa de Europa».
Además, ha añadido el líder de la oposición, su partido reclama «un plan del Gobierno para garantizar que rinde cuentas ante el Parlamento durante las negociaciones y una votación significativa para garantizar que el acuerdo final recibe aprobación parlamentaria».
Mientras, el líder de los liberaldemócratas, Tim Farron, ha sostenido que de lo que trataba el litigio judicial era de «dar voz a los ciudadanos sobre lo que viene después» tras el referéndum. En este sentido, ha señalado que su partido «demanda una votación de los ciudadanos sobre el acuerdo final y sin el cual no votaremos a favor del Artículo 50».
Fuente: eleconomista.es