Theresa May ya ha firmado la carta oficial con la que se activa el artículo 50 del Tratado de Lisboa
- Más frentes abiertos para May: el Parlamento escocés aprueba un nuevo referéndum de independencia de Reino Unido
- Si se alcanzan los dos años de conversaciones sin acuerdo, Reino Unido quedará automáticamente fuera de la UE el 29 de marzo de 2019
Es oficial. La primera ministra británica, Theresa May, ha firmado en Londres la carta con la que comunicará a Bruselas, este miércoles, la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (UE). Reino Unido inicia formalmente el proceso de separación del bloque europeo y da inicio a dos años de negociaciones para desvincularse del club al que ha pertenecido desde 1973, que acabarán de forma automática el 29 de marzo de 2019.
Sir Tim Barrow, el representante permanente del Reino Unido ante la UE, hará entrega de la misiva al presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, a las 12:30 hora local, después de este momento empezará la larga cuenta atrás de los dos años de conversaciones permitidas bajo el Tratado de Lisboa, que se pueden prorrogar con una decisión unánime del Consejo Europeo y el consentimiento de Reino Unido. A las 9:45 (hora Nueva York) está prevista una rueda de prensa en la que Tusk comunicará el inicio del proceso del Brexit.
Mucho se ha especulado con qué pasará a partir de esta fecha histórica. Medios británicos han informado que las negociaciones oficiales aún tardarán dos meses más en empezar, pero a uno y otro lado del Canal de la Mancha están ultimando los detalles antes de sentarse a la mesa de negociaciones. Por una parte, Theresa May y David Davis, el ministro británico del Brexit. Por otra, el mismo presidente del Consejo Europeo respaldará al cuarto personaje clave que pugnará por alcanzar pactos satisfactorios para repartir los activos y los pasivos entre Bruselas y Reino Unido. Michel Barnier, el jefe negociador de la UE, ya ha dejado claro que quiere perfilar un acuerdo en los primeros meses ya que, según señala ‘Financial Times’, es de la opinión de que si se tiene que alcanzar una salida consensuada y en buenos términos, debe dejarse muy claro desde el principio.
El Parlamento Europeo ya ha preparado un documento de líneas rojas que no están dispuestos a traspasar durante las negociaciones, que debe votarse en el plazo de una semana desde la activación del Brexit. Según se contempla en el texto del artículo 50, el status de Reino Unido mientras duren las negociaciones -hasta que el acuerdo de retirada entre en vigor o expire el plazo de dos años- es que seguirá siendo miembro de la UE con todos los derechos y obligaciones que ello implica. La única salvedad es que, según recoge el texto, «el miembro del Consejo Europeo y del Consejo que represente al Estado miembro que se retire no participará ni en las deliberaciones ni en las decisiones del Consejo Europeo o del Consejo que le afecten».
Sin embargo, Bruselas ha hecho patente su preocupación por varios informes del Ejecutivo de May que indican que el Gobierno conservador pretende recuperar el control de sus fronteras desde el minuto cero y aplicar restricciones a la libre circulación de personas. Este es precisamente uno de los puntos calientes que se abordarán en las negociaciones y en los que Barnier se mostrará más inflexible ya que es crucial garantizar que los ciudadanos de la UE gozarán de los mismos derechos que los británicos durante las negociaciones.
¿QUÉ SE NEGOCIA?
Conforme al artículo 50, las negociaciones tendrán como único objetivo llegar a un acuerdo «que establecerá la forma de retirada» de Reino Unido, «teniendo en cuenta el marco de sus relaciones futuras» con la organización regional. Esta coletilla ha añadido incertidumbre al proceso de ‘Brexit’ porque, aunque la UE quiere centrar las negociaciones en el acuerdo de retirada, el Gobierno de May quiere aprovechar los contactos para definir ya un acuerdo comercial bilateral, recoge ‘Europa Press’.
Lo que más preocupa al Gobierno de Theresa May es la relación comercial que, a falta de acuerdo de retirada, quedaría a merced de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), tanto en lo sustantivo como en la resolución pacífica de controversias.
El portavoz de Downing Street, Greg Swift, ha calificado de «improbable» un escenario en el que no sea posible cerrar un acuerdo mutuamente satisfactorio, sin embargo, el ministro para el ‘Brexit’, David Davis, ha considerado que Reino Unido debe estar preparado para ello.
Mucho hay en juego para el Reino Unido: el acceso al mercado único, controles transfronterizos, imposición de aranceles a las exportaciones, pero será la factura que la UE quiere presentar a May lo que podría hacer descarrilar las negociaciones. Según lo avanzado el pasado mes de febrero por el canciller austríaco Christian Kern, los ‘Veintisiete’ prevén exigir a Reino Unido 60.000 millones de euros por el Brexit, el equivalente al 2,3% del PIB del país.
Un precio que Londres no parece dispuesto a pagar ya que el país seguirá haciendo sus aportaciones a la UE mientras duren las conversaciones. Así, según recoge ‘El Independiente’, el agregado económico y financiero de la Embajada Británica en España, William Murray, aseguraba la semana pasada, en unas jornadas sobre las consecuencias del Brexit organizadas por el CES Cardenal Cisneros, que el importe total de lo aportado desde el 29 de marzo hasta que se ejecute el divorcio (un período que podría acabar por prolongarse durante años) deberá ser descontarse de la cantidad final. En cualquier caso reconoció que el Ejecutivo de May aún no ha hecho sus cálculos sobre qué les parece justo pagar a Bruselas.
EL FAMOSO ‘ARTÍCULO 50’
El artículo 50 del Tratado de la Unión Europea (TUE) es el único mecanismo recogido en los textos constitutivos para que uno de los estados miembro de la UE inicie de forma unilateral el proceso de ruptura con el bloque regional. Se incorporó por primera vez en el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009.
Da dos años para efectuar las negociaciones, pero en el escenario de que las partes incumplieran el plazo sin pactar una prórroga, los tratados y todas las normas comunitarias dejarían de aplicarse ‘ipso facto’ a Reino Unido y las posibles controversias entre Londres y Bruselas tendrían que ventilarse en tribunales.
Por: Noemí Jansana