Reino Unido concurre a la tercera ronda de negociaciones de su salida de la Unión Europea con lo que considera los deberes hechos. Tras las críticas recibidas por su indeterminación en cuestiones clave y la supuesta falta de preparación evidenciada en la hasta ahora única semana íntegra de conversaciones, el Gobierno ha elevado las expectativas de la reunión con la presentación en cadena de su posicionamiento en ámbitos como el futuro encaje en la unión de aduanas, o la resolución de la frontera con Irlanda.
El problema, sin embargo, persiste. Para Bruselas, las explicaciones se basan, en el mejor de los casos, en aspiraciones de difícil materialización en el complejo universo de las relaciones internacionales. Las propuestas difundidas desde que Theresa May regresase de las vacaciones presuponen una confianza complicada para futuros ex socios condenados a entenderse y, en muchos casos, afectan a lo que la contraparte comunitaria cree que corresponde a la segunda fase del proceso: la que decidirá el vínculo que regirá la ligazón entre el bloque comunitario y la segunda economía europea, una vez haya iniciado la travesía en solitario.
Michel Barnier y su equipo acuden a la reunión con escepticismo renovado. El acuerdo tácito por el que la relación comercial, la gran prioridad de Londres, no se abordaría hasta que se hubiese alcanzado una solución para ciudadanía, linde con Irlanda y factura por el divorcio, parece haberse desdibujado al norte del Canal de la Mancha, donde el verdadero interés radica más en determinar cómo interactuarán con el mayor bloque comercial del mundo que en hablar de compromisos financieros.
La brecha sobre la factura
Aunque hasta los integrantes a priori más eurófobos del Ejecutivo británico aceptan ya la inevitabilidad de abonar una partida por la ruptura, incluido el ministro de Exteriores, Boris Johnson, quien había sugerido que «mandarían a paseo» a la UE si se excedía en sus demandas, la cuantía continúa suponiendo una de las grandes barreras para el acuerdo. La tanda de conversaciones de esta semana debería servir para avanzar, a pesar de que Londres insiste en que se trata de negociaciones fundamentalmente técnicas. El reloj, como Barnier se encarga de recordar en cada intervención, mantiene inexorablemente la cuenta atrás hasta marzo de 2019 y el progreso de estos días será fundamental para que la UE decida en octubre si ha sido suficiente para pasar a la siguiente fase.
De ahí que planteamientos como el formulado por el Gobierno británico en materia de aduanas sirvan de poco para desbloquear el proceso. Los tres pilares que deberían funcionar como puente para permitir avanzar a las conversaciones sobre la futura relación apenas se sostienen tal como los ha planteado Londres. Junto a la distancia que separa a ambos interlocutores en términos de la factura, la oferta sugerida por May para los tres millones de europeos afincados en Reino Unido ha sabido a poco para el continente, que teme la generación de una ciudadanía de segunda sobre la que ni siquiera está claro quién velaría por sus derechos.
Por si fuera poco, la confusión ha aumentado después de que la propuesta británica en materia de Justicia deje aparentemente la puerta abierta a la intervención del Tribunal Europeo de Justicia. Londres insiste en que este no puede tener potestad sobre los comunitarios residentes en las islas, pero admite que, si bien la jurisprudencia directa de la corte llegará a su fin con el Brexit, esta podría actuar cuando se trate de disputas con la UE. El documento de trabajo presentado la semana pasada muestra una ambigüedad consciente, resultado de la necesidad de evitar emponzoñar aún más las negociaciones, al tiempo que se minimiza el riesgo de envalentonar al frente más anti-UE.
El problema vendrá cuando haya que concretar. Los mandarines británicos están satisfechos con el grado de detalle que han logrado determinar a tiempo para la nueva tanda de conversaciones, pero el proceso es una batalla a dos que implicará consensos difíciles de justificar ante audiencias domésticas con agendas encontradas.
Fuente: eleconomista.es